6 junio 1935. El Gobierno de la Generalidad de Cataluña es sentenciado por rebelión tras la proclamación de la república catalana (del mismo modo que en 1931 como parte integrante del Estado español) durante el contexto político de la incorporación de la Confederación Española de Derechas Autónomas y monárquicas al Gobierno republicano en octubre de 1934, la posterior huelga general revolucionaria anarquista-socialista y la inmediata declaración del estado de guerra con represión militar a cargo de Yagüe en Asturias (por empeño de Franco, especialmente sangrienta) y de Batet en Cataluña, capitán general leal a la república y contrario a la dictadura más tarde fusilado por no sumarse al alzamiento franquista.
A diferencia de lo ocurrido durante el proceso constituyente de 1931, cuando tras la mediación del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el Estado central gobernado por Azaña habilitaba a Francesc Maciá para componer el estatuto de autogobierno de la Generalitat. Pese a la representación territorial proyectada por el Estat Català (fundado por l’avi en 1922) durante el Pacto de San Sebastián de 1930 al que acudiría el Partido Radical (y no el Partido Federal Español, a la espera de acontecimientos), no se producirá el acercamiento político entre el Gobierno de Lerroux, radicalmente enfrentado al nacionalismo catalán desde su coalición gubernamental con la CEDA, y la «región autónoma» (por el Estatuto de 1932) de Maciá y Companys, en conflicto con los centralistas por constitucionalidad y competencias no sólo en cuanto a la gestión de los impuestos directos.