27 de agosto 1953. Firma del concordato entre el Estado español y el Estado vaticano. La «España del Movimiento nacional, católica, anticomunista y antiliberal» (decía Carrero Blanco por carta a D. Juan de Borbón acerca de la Ley de Sucesión de 1947) perdía su antiliberalismo entre la legitimidad surgida de 1947 y el convenio de 1953 firmado por el Secretario de Estado de la Santa Sede (Domenico Tardini) y el ministro de Asuntos Exteriores (Alberto Martín Artajo) junto a sus respectivos embajadores, cuando el Vaticano otorga reconocimiento internacional a la «cuestión española» (habiendo tomado partido por la cuestión golpista en 1938) a cambio de volver a colonizar las instituciones como ocurría desde el Estado de Isabel II y hasta la II República que derogaba el confesionalismo estatal. Del «España ha dejado de ser católica» anunciado por Azaña en 1931 (con la Iglesia sin jurisdicción castrense ni matrimonial durante este período), al nacionalcatolicismo anticomunista que respondía a los intereses estadounidenses en la guerra fría y en el sometimiento de Latinoamérica, y que era imprescindible para que el Estado español pudiera ser plenamente desbloqueado por la figurada comunidad internacional resultante del plan Marshall en Europa.
Bastaba con leer la Constitución republicana (liberal) para enterarse de la nítida separación entre Iglesia y Estado o de la «renuncia a la guerra como instrumento de política nacional». Elementos centrales del Estado nacionalcatólico (el imperio colonial venido a menos) que se asentaba en el sur de Europa de forma excepcional y que llevará aparejada la participación en los negocios del Estado de una tecnocracia corporativista y una «ciencia católica», con especialistas del Movimiento y del Opus Dei perfilando a pachas la Spain is different nacionalcatólica sin contar con el campo y la industria (o la hoz y el martillo) más allá de nobles y señoritos. Enterrar los valores alternativos de la República y conformar una nueva (o no tan nueva) identidad del Estado delegando competencias en la Iglesia en materia jurídica, militar, sanitaria, educativa, cultural y, por encima de todo, económica.
El concordato será editado en 1976 para el nombramiento del vicario general castrense a partir de una terna presentada por el rey «de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores» y confirmado por el Vaticano cinco días después de la publicación de la Constitución de 1978 en el BOE (3 de enero de 1979). Franco también firmará en 1953 los Pactos gubernamentales de Madrid con Eisenhower, en este caso ayuda económica a cambio de incrementar los negocios con la industria militar estadounidense e instalar bases militares de la NATO (garantía en sí misma para el cobro los créditos). Desafortunadamente, una «contribución» al futuro europeo junto a otros Estados y otros concordatos hoy presente en la concepción europeísta. La cuestión española planteada en la ONU por Polonia en 1946 no obtendrá el reconocimiento internacional hasta después de los acuerdos con el patriarcado romano y el ejército estadounidense, siendo admitido el renovado Estado de Franco como Estado miembro de las Naciones Unidas en 1955.